Gobierno le compró cajas de alimentos a empresa de Alberto Scuncio sabiendo que era sospechosa de lavado de dinero en Venezuela

  • Publicado el 08-07-2020
  • Chile
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En agosto de 2019, la Agencia Nacional de Inteligencia informó al exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, una serie de antecedentes y actividades sospechosas de la empresa Inversiones Ramaja Ltda., propiedad del empresario del Biobío, Alberto Scuncio.

Estos antecedentes, que de forma paralela llegaron también a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –servicio que elevó un Reporte de Operación Sospechosa y que, a su vez, dio origen a una investigación reservada del Ministerio Público por lavado de dinero que se encuentra vigente–, dan cuenta de una compleja trama de corrupción con alcances internacionales.

En esta información se vincula a empresas petroleras venezolanas –que están siendo investigadas en la Corte del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos– a filial de estas que inscribió una sociedad en Chile y que no generó movimiento alguno tras verse involucrada en el escándalo de los "Panama Papers", a exportaciones de cajas de alimentos con sobreprecio a Venezuela y a la entrada al país de ingentes cantidades de dinero del orden de un millón de euros mensuales.

En conocimiento de las más altas autoridades del país de esta información y con la advertencia de que estas operaciones "podrían comprometer la credibilidad comercial de Chile", la empresa Ramaja –que motivó el informe de inteligencia de la ANI–, a través de Distribuidora Llacolén S.A., se convirtió, ocho meses después, en el contexto de la pandemia, en la principal empresa proveedora de cajas de alimentos del Gobierno, con órdenes de compra superiores a los $8 mil millones.

El principal involucrado señaló recientemente a un medio de comunicación nacional que las cajas que enviaron a Venezuela, y que le reportaron entre 800 mil y un millón de euros mensuales, eran "esporádicas", que el lavado de dinero era invento de la prensa y que el destino no era el gobierno venezolano.

Según consigna El Mostrador, tras tener acceso a las Facturas, se revelan que el real destino era la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL), órgano rector del Estado venezolano, encargado de las "políticas del Gobierno Bolivariano en materia de seguridad y soberanía alimentaria".

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