Ley de Inteligencia: Piñera intensifica el Estado Policial

  • Publicado el 08-07-2020
  • Chile
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El presidente Sebastián Piñera avanza a toda velocidad con su "agenda de seguridad y paz social" que, en los hechos, pretende convertir a Chile en un estado policial.

Anunciada el 7 de noviembre, veinte días después del inicio del estallido social, esta agenda considera once medidas, de las cuales ya se han cumplido el 77% de estas.

Entre estas, destacan las leyes "antisaqueos", "antibarricadas" y "antiencapuchados", ya aprobadas por el Congreso, las que han aumentado exponencialmente las condenas contra manifestantes.

Anteriormente, en julio de 2019, Piñera había emitido el Decreto Supremo 256 que dispuso que las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) deban "aportar con tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico". Esto, ya había marcado el inicio del intento de Piñera de involucrar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en labores de seguridad interna.

Pero la "agenda de seguridad y paz social" considera un proyecto que va mucho más allá.

Se trata de la norma "que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE)", mejor conocida como "Ley de Inteligencia" la que de aprobarse instalaría al propio Piñera a la cabeza del sistema y convertiría a chilenos en "enemigos" del Estado.

Según señaló el doctor en derecho y académico de la Universidad de Chile Claudio Nash en el artículo "Más poder para el Presidente", publicado el 16 de junio por el Centro de Investigación Periodística (Ciper) este proyecto “consolida la reciente reconfiguración autoritaria del Estado de Chile, enmarcándose estas modificaciones al Sistema de Inteligencia en un contexto político de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como ‘enemigo interno’”.

Esta connotación quedó claramente establecida el 22 de enero cuando este proyecto fue aprobado en el Senado, en su primer trámite legislativo. En la ocasión el ministro de Defensa Alberto Espina deslizó su sentido profundo: “si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos de violencia que ocurrieron en el mes de octubre se podrían haber impedido”.

Espina aludía al feroz estallido social gatillado el 18 de octubre de 2019, que remeció los cimientos del modelo neoliberal chileno y abrió un proceso constituyente -en pleno desarrollo- en una rebelión que no pudo ser sofocada pese a la feroz represión policial que significó decenas de muertos y miles de torturados y mutilados. No obstante, la pandemia de coronavirus puso este proceso en suspenso.

 

Todo el poder para el Presidente

Sebastián Piñera intenta -a través de la nueva ley- construir una superpoderosa Agencia Nacional de Inteligencia que concentrará la información de todos los organismos de inteligencia y que lo tendrá a él a la cabeza del sistema.

De hecho, será el jefe de Estado quien encabezará las sesiones del Consejo Asesor de Inteligencia que estará compuesto por sus ministros y subsecretarios de Interior y Defensa; además de todos los jefes de Inteligencia. Estas reuniones se podrán realizar tantas veces el mandatario estime pertinente y sus actas serán reservadas y estarán prácticamente fuera de todo control.

De promulgarse esta Ley, el mandatario elegirá al Director y Subdirector de la ANI, quienes dirigirán las unidades de Inteligencia de las FFAA y de las policías. En los hechos, Piñera podrá definir directamente el uso de las capacidades operativas de las unidades de inteligencia y estará facultado a solicitar la obtención de datos -incluso vía espionaje directo- mediante la ANI.

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