Estudio demuestra que la industria forestal ha creado mayor desigualdad y pobreza en el sur de Chile

  • Publicado el 12-06-2021
  • Chile
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Desde la década de 1980 las plantaciones forestales han crecido a nivel mundial. En el caso de Chile, la expansión se dio en la dictadura militar de Augusto Pinochet, en el marco de la implementación del Decreto de Ley 701, impulsado por el entonces ministro de Economía, Fernando Leniz, y el director de la CONAF, Julio Ponce Lerou en 1974, quienes incentivaron la actividad forestal principalmente mediante bonificaciones y beneficios tributarios.

En 2017 los investigadores Álvaro Hofflinger (Universidad de la Frontera), Héctor Nahuelpan (Universidad de Los Lagos), Àlex Boso (Universidad de la Frontera) y Pablo Millalen (Universidad de Texas-Austin) comenzaron a armar la base de datos que dio como resultado el artículo traducido al español, "¿Generan las grandes empresas forestales prosperidad en las comunidades indígenas? Los impactos socioeconómicos de las plantaciones en el sur de Chile", el cual fue publicado en Human Ecology Journal en septiembre de 2020.

El estudio estadístico midió el impacto de la expansión de las plantaciones forestales utilizando siete modelos de regresión, evaluando así el impacto del crecimiento de la industria sobre la pobreza, el desempleo, los ingresos y desigualdad. Cada modelo utilizó seis variables independientes, analizando desde 1997 a 2015 datos de 180 municipios de seis regiones: OHiggins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. 

La investigación informa que las plantaciones forestales, con dos millones de hectáreas en 1997, se expandieron a casi tres millones en el periodo de 2013 a 2015. A su vez, la mayor parte de la expansión tuvo lugar en la región de la Araucanía, "donde el total de hectáreas cubiertas por plantaciones forestales aumentó en un 42% entre 1997 y 2015 (de 357.931 a 623.674 hectáreas), lo que representa el 20% de la tierra en dicha región. Este es un factor importante porque esta región es la más pobre de Chile, además de tener una alta concentración de poblaciones indígenas en áreas rurales (CASEN, 2017)".

"El principal resultado muestra que la expansión de la industria forestal no ha tenido ningún impacto en la reducción del desempleo o en el aumento de las oportunidades de empleo y en los ingresos de las personas. Muy por el contrario, en las comunas donde se ha experimentado un aumento en las plantaciones forestales, la pobreza y la desigualdad de ingresos ha aumentado tanto entre los indígenas como entre los no indígenas", indica la publicación.

Respecto a las cifras, la expansión de las plantaciones forestales industriales se asocia significativamente con la pobreza: "un aumento del 1% en el área cubierta por plantaciones forestales está relacionado con un aumento del 0,16% en la población que vive por debajo del umbral de pobreza".

"El artículo contrarresta empíricamente la narrativa sobre la reducción del desempleo de una industria que, además, juega un rol importante en lo que se conoce como el mal llamado conflicto mapuche. Asimismo, pone en cuestionamiento una vez más los procesos de certificación vía Forest Stewardship Council (FSC) que esta industria requiere para operar en el mercado global", explica Pablo Millalen, uno de los autores del estudio.

"El aumento de los ingresos con la expansión forestal es un mito"

Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los bosques en el país cubren una superficie de 17,66 millones de hectáreas, lo que representa el 23,3% de la superficie del territorio nacional. De eso, aproximadamente 14,41 millones de hectáreas son bosques nativos, y 3,08 millones de hectáreas corresponden a plantaciones forestales, equivalentes al 4,07% del total de bosques de Chile.

Para Héctor Nahuelpan, los resultados de la investigación "desmitifican la supuesta prosperidad que generarían las inversiones capitalistas y forestales en Wallmapu, más allá de que estas actualmente se reacomoden mediante una mayor integración de comunidades en el negocio o que se tiñan con programas interculturales y de sostenibilidad". 

"El aumento de los ingresos y el desarrollo que conllevaría la expansión de las inversiones capitalistas forestales en Chile es un mito que se ha naturalizado y que han instalado las empresas y los consecutivos gobiernos neoliberales que las han beneficiado mediante subsidios como el decreto de ley 701, el resguardo policial de sus plantaciones y toda la maquinaria de seguridad y tecnología destinada a reprimir y encarcelar a quienes en pos de la defensa de la vida confrontan los intereses económicos de las forestales. Lo relevante de este mito es que reactualiza una narrativa colonial que desde mediados del siglo XIX ha recurrido al desarrollo, al trabajo y al progreso, para profundizar el despojo territorial, la pauperización y precarización de la vida en Wallmapu", agrega. 

Sobre esto, Álvaro Hofflinger, Doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Texas en Austin y académico de la Universidad de la Frontera, coincide en que "la reducción del desempleo vinculado al crecimiento de la industria forestal es un mito, es una narrativa que favorece al sector forestal, y me parece que hay dos razones que lo explican".

"Primero, le permite a la industria forestal no hacerse responsable de las externalidades negativas que genera en su accionar (aumento de la pobreza y desigualdad), pudiendo de esta forma, obtener certificaciones internacionales para la comercialización de sus productos. Segundo, le permite externalizar el problema, pues es el Estado chileno, a través sus políticas, planes y programas, quien debe hacerse cargo de reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Así, la industria forestal capitaliza sus ganancias y socializa sus pérdidas, el negocio es muy conveniente", agrega.

Por su parte, Pablo Millalen, integrante de la Comunidad de Historia Mapuche y Doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, explica que existe una "narrativa sobre oportunidades del empleo que forma parte de una consigna clásica de las compañías extractivas, no solo en Chile sino también en Abyayala (América Latina), donde se sacrifican a comunidades locales, indígenas y comunidades negras y/o afrodescendientes. Y que son reforzadas por agentes gubernamentales".

El investigador también ejemplifica con otros casos, como la expansión de la palma aceitera, la cual se promueve como alternativa a combustibles fósiles en Colombia; la industria mineral en México y Colombia o la construcción de presas e hidroeléctricas como el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroeléctrico del Alto Piura en Perú. A esto se suma "el fuerte lobby con agentes gubernamentales que desencanta en pagos por debajo o en financiamiento de campañas políticas, entre otros favores que se dan en la trastienda. O sea, corrupción. Mientras que, las comunidades locales, negras e indígenas solo observan como paulatinamente se van destruyendo ecológicamente los territorios, que en el caso de Wallmapu implica depender de camiones aljibes para poder acceder al agua", conluye Millalen.

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