AstraZeneca y Minsal se unen para no revelar documento solicitados por Ley de Transparencia

  • Publicado el 24-07-2021
  • Chile
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El laboratorio AstraZeneca y el Ministerio de Salud recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar tres fallos dictados por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó entregar los convenios de adquisición de la vacuna contra el Covid fabricada por la compañía y que incluyó además a Pfizer, Johnson and Johnson y Sinovac.

Los recursos de nulidad fueron interpuestos por la firma en contra de tres dictámenes del CPLT en favor de distintos particulares y que fueron acogidos en contra de la negativa resuelta por las subsecretarías de Relaciones Económicas de la Cancillería y Salud Pública, respectivamente. El CDE, en tanto, solo patrocina al Minsal.

Básicamente, alegan que la decisión del órgano que fiscaliza el acceso a la información pública, afecta la reserva en que deberían mantenerse los documentos y su sola revelación afectaría el interés nacional, entre otros argumentos.

En todo caso, la determinación recurrida no incluyó aspectos (hasta ahora secretos) como la estructura de costos, la logística de distribución, así como datos personales de quienes participaron del acto comercial.

Tanto la decisión del CPLT y los mentados libelos, fueron ingresados solo un día después de que el organismo ofició al Minsal para aclarar la transferencia de $425 millones de dólares de platas fiscales a los mismos laboratorios.

La decisión se basó en un análisis de la información que el ministerio mantiene en la web bajo la fórmula de transparencia activa, donde solo constaban datos generales que instalan un espacio de opacidad sobre el origen y alcances del gasto.

No es la primera vez que el Minsal ha perdido en el CPLT. Recientemente, este último le ordenó entregar todos los correos electrónicos que envió y recibió la subsecretaria Paula Daza, del exministro Jaime Mañalich y el actual titular de la cartera, Enrique Paris.

La resolución incluyó también la revelación de las cuentas pertenecientes al director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; Rafael Araos, exjefe del Departamento de Epidemiología; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo, informó el organismo en su página web.

Fundamentalmente, el criterio apuntó a que la generación de las comunicaciones digitales provienen de casillas institucionales por lo que no afectarían los derechos de terceros. La autoridad sanitaria también recurrió a la Corte para evitar la divulgación.

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