En noviembre del año pasado, pocos días después del inicio del estallido social, la empresa Aes Gener, dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, llegó a un acuerdo con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, cuyo fin fue que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón.

Todo esto solo por una acotada suma de dinero, la que además sera a repartir en tres pagos de aquí al año 2024, monto de no más de $4 millones de pesos, mientras que los honorarios del abogado César Barra y sus socios ascendían a cerca de los $500 millones de pesos.

Los pescadores acordaron renunciar a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no solo por los daños producidos por los efectos de los varamientos en el presente, sino además por todos los que podría causar este tipo de contaminación en el futuro y que afectaren no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes lejanos y hasta amigos.

Respecto de la cláusula, Aes Gener sostiene que no puede referirse a ella, debido a que forma parte de un contrato de confidencialidad. 

Denunciamos el intento de silenciamiento por parte de @AESGener a los afectados por el carbón de sus termoeléctricas👉 https://t.co/K7Tel6DW1R

— Greenpeace Chile (@GreenpeaceCL) March 5, 2020

No sólo han contaminado durante décadas, se encargaron de inaugurar las zonas de sacrificio en el país, sino que ahora buscan que nadie puede exigirles ningún tipo de indemnización por el irreversible daño con que han castigado a miles de chilenos.

— Greenpeace Chile (@GreenpeaceCL) March 5, 2020