Gobierno envía proyecto para apoyar a las grandes empresas con los fondos en las AFP pertenecientes a todos chilenos

  • Publicado el 07-06-2020
  • Chile
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El Gobierno ha venido a lo largo de esta pandemia lanzado una seguidilla de proyectos parciales, para dar subsidios, bonos,  cajas de comida, créditos con aval de Fogape, o seguros de cesantía, a diferentes sectores de la población, la mayoría de dichas ayudas en forma mezquina, tacaña, lenta y atrasada. La última iniciativa en esta serie la lanzó el Gobierno el jueves pasado cuando hizo llegar al parlamento un proyecto de ley destinado a apoyar a las grandes empresas del país, utilizando los fondos de las AFP y de las compañías de seguros.

Intentando sintetizar los aspectos más sustantivos de dicho proyecto de ley se puede señalar lo siguiente:

En primer lugar, el proyecto propone que las empresas que ya están inscritas en la Comisión del Mercado Financiero como emisoras de títulos de deuda, puedan emitir nuevos títulos sin necesidad de cumplir con el trámite que hasta el día de hoy siguen las solicitudes de inscripción de esos títulos. Se define para ellas un procedimiento express.  Los títulos de deuda a emitir serían objeto de una inscripción casi automática, pues tomaría solo un día de trámite, y no 90 días como es hoy en día. La calificación de riesgo, que normalmente debe acompañar a ese tipo de solicitud de inscripción, podrá ser postergada hasta el momento de la colocación misma de los títulos de deuda. También se acortan y se facilitan los pasos y los tiempos necesarios para convocar las juntas de accionistas que tengan que aprobar este tipo de emisiones.

En segundo lugar, las AFP quedarían autorizadas a comprar esos nuevos títulos de deuda hasta por un monto equivalente a un 20 % de su cartera de inversiones lo cual supera aproximadamente en un 10 % los límites actuales para esos efectos.

Si las AFP tienen aproximadamente 170 mil millones de dólares en activos que pertenecen a todos los trabajadores, ese 10 % significa que podrán canalizar hacia las grandes empresas nacionales un monto de 17 mil millones de dólares – más allá de lo que ya han canalizado por otros mecanismos – lo cual es una cantidad fabulosa de recursos, que supera el costo de todos los proyectos de ayuda que se han desarrollado hasta este momento.

En tercer lugar, las compañías de seguros son autorizadas, por el proyecto de ley que se analiza, a que “flexibilicen sus requerimientos de liquidez”, es decir, a que guarden menos recursos líquidos para responder a sus operaciones normales, de modo de que les queden más fondos posibles para invertir en el mercado financiero. Es decir, al igual que con las AFP, se crean demandantes para la emisión de estos nuevos títulos de deuda que permitan financiar a las grandes empresas.

En síntesis, se pretende que los fondos de los trabajadores acumulados en la AFP sean hoy en día la tabla de salvación de las grandes empresas. Esa proposición es particularmente agresiva y grosera, tanto porque eso implica una inversión más riesgosa  y menos rentable para esos fondos, como por cuanto eso se hace en un contexto en que el país ha reclamado insistentemente que esos fondos puedan ponerse, en alguna medida, al servicio de cubrir las necesidades de vida de los millones de cotizantes que necesitan desesperadamente ingresos adicionales para escapar del espectro del hambre.

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